Sin orden concreto por el momento.
Para que un gobierno sea realmente democrático y participativo sus poderes y su administración deben estar descentralizados, tanto en lo geográfico como en lo operativo. De lo contrario nos quedamos en las buenas intenciones o la simple retórica.
Ampliación
No se puede hablar de democracia en un escenario de concentración de poderes. Además de la división clara y orgánica de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, es imprescindible una descentralización de la administración estatal y de los poderes territoriales y locales.
Sí se puede hablar de democracia en un espacio en el que cada ciudadano tenga la posibilidad de interactuar de manera directa con las diferentes instancias públicas, gracias no sólo a su cercanía geográfica, sino a la existencia de mecanismos e instrumentos, organizativos y tecnológicos, para brindar información y canalizar ideas e inquietudes (ventanillas, líneas telefónicas de asistencia, portales en internet, entre otros).
Descentralización no sólo quiere decir entonces que las responsabilidades se reparten entre diversas administraciones, sino que las administraciones se reparten también y están más próximas a más gente.
Lo anterior exige de parte de los gobiernos un incremento en los esfuerzos de coordinación entre niveles (nacional – regional – local) así como una mejor orientación de los recursos, pero el costo será siempre menor al riesgo que conlleva el excesivo centralismo.
Una democracia en la que mucho poder recae en pocas manos es una democracia débil con un alto riesgo de caer en el paternalismo, el dirigentismo, el presidencialismo, el autoritarismo y otras formas de poder supuestamente para el pueblo pero sin el pueblo.
Una democracia en la que el poder está gestionado por equipos cualificados sin intereses personalistas ni líderes, guías ni gurús, es una democracia que ha formado el embrión básico para su sostenibilidad y su éxito como sistema de gobierno participativo.
Evitar personalismos no equivale a olvidarnos de que tanto funcionarios como ciudadanos son personas, que pueden acertar y errar. Es necesario que unos y otros se alejen de posiciones extremas de "expertos" que desdeñan la opinión de la gente común; o de "críticos" que sólo tienen quejas y nunca aportes.
Este es un asunto complejo, pero en el cual sólo se podrá profundizar dando el primer paso.
Cuando un gobierno no es capaz de resolver un conflicto de orden publico lo mejor que puede hacer es organizar una consulta ciudadana. Los gobernadores son administradores, no guías, por lo que avanzando hacia donde le guía la ciudadanía afrontará el conflicto con respaldo.
Toda constitución democrática prevee métodos de consulta ciudadana pero pocos gobiernos hacen un uso extensivo de consultas y referéndums y pocos partidos mayoritarios trabajan por una ampliación del marco legal que ampare este derecho a la participación ciudadana.
Detrás de este inmovilismo y esta lectura restrictiva de las posibilidades de la democracia se encuentra un interés de gobernadores y partidos a mantener sus cotas de poder, junto con una desconfianza de que el ciudadano corriente sepa cómo resolver un problema de orden público. Aunque esto les acarree muchos más quebraderos de cabeza y muchas más críticas y esfuerzos de los que conllevaría convocar una consulta para cada conflicto que no sepan afrontar.
Toda consulta debe llevar implícita un proceso de debate público en un marco de respeto, comprensión y diálogo. En muchos casos las soluciones a los conflictos radican más en este propio proceso de debate que en la parte final de la consulta, la votación, que en algunos casos puede incluso llegar a ser innecesaria. Es decir, que en una consulta un debate no tiene necesariamente que ser seguido por una votación, pero a toda votación le debe preceder un proceso de debate.
La necesidad o no de votar vendrá definida por las dimensiones de la consulta (una consulta nacional es más propensa a una votación que una consulta de barrio) y por las exigencias de llegar a una votación que se produzcan o no en el propio proceso de debate.
Hay dos tipos de conflictos, aquellos en los que se cuestiona el gobierno y aquellos en los que se cuestiona una decisión (del gobierno o de otros actores).
Las consultas realizadas con motivo de una crisis de gobierno deben ser siempre vinculantes, y si el actual gobierno no recibe el suficiente apoyo debe dimitir.
Hacer una lectura interesadamente estricta de la Constitución o de las leyes a riesgo de llevar un país, una región o un municipio a un enfrentamiento civil es un error. Eludir consultas a la ciudadanía aludiendo cuestiones protocolarias o costes económicos es un error. Pero el error más grande es el de intentar aferrarse al poder y avanzar en solitario no convocando consultas o elecciones cuando éstas son solicitadas.
El buen gobierno es aquel que sabe gobernar cuando la ciudadanía quiere que gobierne y de la forma que la ciudadanía decida. Y el buen gobierno es también el que somete su cargo y su gestión a la ciudadanía siempre que ésta lo exija.
Si las urnas fueron buenas para decidir la elección del actual gobierno y la instauración del actual marco legal, también serán buenas para decidir las estrategias de resolución de un conflicto.
Sea cual sea el futuro que deparen unas elecciones o un referendum en una situación conflictiva, será más sólido y positivo que el que depare la acción de un gobierno sin consultar a la población.
Por lo que respecta a las consultas realizadas sobre decisiones a tomar o acciones concretas a realizar también serán vinculantes por defecto, aunque hay que tener en cuenta dos situaciones que las harían inaplicables:
- Ninguna resolución tomada a un nivel (local, regional, estatal...) puede infrigir leyes o acuerdos establecidos a un nivel superior.
- Ninguna resolución tomada puede ser incompatible con otras resoluciones adoptadas a otros niveles (municipios vecinos, etc).
A menos que se adopte esta postura expresamente, no como una resolución al conflicto en sí sino como un gesto de desobediencia pública para elevar el debate a niveles superiores con la esperanza de encontrar allí las soluciones.
Hay dos elementos más a tener en cuenta a la hora de dar poder vinculante a las consultas ciudadanas, sobretodo en ámbitos reducidos: municipales, de barrio... donde los temas tocan de cerca y las pasiones se desatan rápido.
- Una cultura política de participación y comprensión de los problemas sociales y sus vías de resolución, que se debe comenzar a cultivar en la escuela y que actualmente es muy deficiente precisamente en las sociedades con regímenes oficialmente democráticos.
- Una participación contínua en la gestión del gobierno por parte de la ciudadanía. Garantías de que la ciudadanía que participa en una toma de decisión va a estar igualmente presente al día siguiente de actuar según lo acordado. Porque es fácil criticar y emitir discursos y votos radicales en una asamblea de vecinos, por ejemplo, pero otra cosa es ser consecuente con lo acordado y mantener el apoyo activo a los gobernantes a la hora de ejecutar el mandato.
Ningún gobierno tiene derecho a decidir la aplicación de represalias contra quienes designe como enemigos de la justicia internacional. Todos los gobiernos tienen la obligación de contribuir a la promoción de la solidaridad mundial, que es el principal garante de la paz.
Cuando en una crisis internacional un gobierno o coalición de aliados inicia represalias militares bajo la bandera de la Justicia comete como mínimo tres errores: saltarse los organismos internacionales de mediación de conflictos, incrementar la escalada de tensión mundial y cometer nuevas injusticias con la aplicación de su "castigo".
La verdadera resolución de conflictos pasa necesariamente por el análisis de sus causas y la estructuración de las acciones internacionales de solidaridad necesarias para el logro de un compromiso de paz entre todos los afectados.
Actualmente, y a falta de mejores alternativas, el mejor organismo a través del cual se deben canalizar estos análisis y acciones es la Organización de Naciones Unidas. Cualquier agresión de un estado o coalición de estados a otro y otros estados saltándose la ONU está inautorizada.
Esto por lo que respecta al diálogo entre gobiernos. Pero además hay ámbitos de acción igualmente importantes que la sociedad civil puede articular a nivel asociativo o individual.
Es lícita y necesaria la presión de las sociedades hacia sus respectivos gobernantes para que adopten estrategias internacionales acordes con la voluntad mayoritaria, especialmente cuando estas estrategias se apartan del camino de la paz, que es el camino que por defecto debe seguir cualquier gobierno.
En casos más extremos, en los que un gobierno se embarca en un conflicto internacional al margen de las resoluciones de la ONU, el incremento de la presión social para mantenerse en el ámbito de la paz es previsible y justificado.
En este contexto son plenamente comprensibles las estrategias de desobediencia civil, recomendables especialmente a aquellas personas y organizaciones directamente implicadas en una estrategia de guerra: militares, funcionarios, empresas de abastecimiento a las fuerzas armadas, medios de comunicación (siempre presionados por el gobierno en este tipo de siuaciones), etc.
Cambiar el calendario actual por uno más armónico con la naturaleza humana puede resultar en una mejoría significativa de la calidad de vida de las personas.
La forma en que medimos el tiempo afecta notablemente la forma en que vivimos, lo que pensamos y lo que somos.
El calendario gregoriano tiene muchas irregularidades (Enero 31 días, Febrero 28 ó 29, Abril 30, etc) y sólo se acopla medianamente bien con el ciclo solar de 365 días. En la naturaleza existen más ciclos que tienen un impacto decisivo en nosotros, pero pasan inadvertidos ante este calendario.
En este valor se apoya un calendario que intente rescatar los ciclos naturales y que le devuelva al hombre la consciencia de lo que es y de su papel en el planeta.
El calendario de 13 Lunas es uno de los que más se acerca a este propósito.
Enlaces
- Red de Arte Planetaria: http://www.tortuga.com/esp/index.html
La ONU fue creada para garantizar la paz mundial y los gobiernos deberían centrar allí sus esfuerzos. La OTAN fue creada en un contexto mundial que nada tiene que ver con el actual.
La crisis del 11-S puso de manifiesto un tipo de conflicto internacional que nada tiene que ver ya con las guerras marcadas hace décadas por el bipolarismo EEUU-URSS. No obstante, las respuestas y ofensivas de las potencias occidentales siguen siendo las mismas, lo que ni tan sólo desde un punto de vista militar tiene sentido.
El Pacto de Varsovia fue disuelto en 1991, el mantenimiento de la OTAN ya no es justificable.
Aunque el tema de la paz mundial es complejo, hay varias razones casi de sentido común que nos llevan a proponer la disolución de la OTAN:
- Las estructuras militares deben ser parejas a las estructuras gubernamentales
- La OTAN ha perdido sentido incluso desde un punto de vista militarista
- Sólo tropas internacionales deberían operar internacionalmente
- Sobran espacios para declaraciones sobre paz, faltan recursos para trabajar por la paz en la ONU
Otras opiniones interesantes:
"Nos sorprende que, después de la Guerra Fría, los enemigos "de la civilización occidental" se hayan vuelto tan indivisibles, indeterminados, pero que la solución que para ello se propone sea la de siempre: más ejércitos, más gastos en armas en detrimento de las prestaciones sociales."
José María Ballestín, coordinador del grupo parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón.
"(...) un NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD, basado en el rediseño de Naciones unidas, como gobierno democrático del mundo, en la progresiva desmilitarización de la seguridad, en el refuerzo del derecho internacional, en la cooperación para el desarrollo de los países empobrecidos, en el desarme y en la solución de los conflictos"
asamblea local de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía en Granada.
Este concepto es producto del trabajo desarrollado en el proyecto Por la Paz - http://espiral.org/porlapaz (URL en estos momentos inactiva).
Fabricar un producto o desarrollar un servicio conlleva en muchas ocasiones un daño al medio ambiente. Los costes de revertir o impedir el daño ecológico deben ser asumidos por las empresas que los ocasionan.
En la generalidad de los países donde la conservación del patrimonio ecológico es alguna preocupación (no muchos) esto es un gasto que cae en los contribuyentes. Y mientras tanto, los causantes del daño ... bien, gracias. Las empresas deben incluir esos costes en su actividad y, además, deben sufragar los gastos derivados de la investigación necesaria para encontrar solución a los problemas.
Un porcentaje importante de los contaminantes más tóxicos y peligrosos provienen de la industria petroquímica. Esto se debe a que al producir, por ejemplo, pajitas para beber líquidos es mucho más barato hacerlas de polietileno que de una cinta de papel encerada. La pregunta es: ¿por qué son TAN baratas? Es muy sencillo: los fabricantes no corren con el daño ecológico que producen. ¿Por qué el freón es más barato que otros refrigerantes menos agresivos con la capa de ozono? La misma respuesta. Si los fabricantes de freón tuvieran la OBLIGACION de generar la tecnología que permitiera de alguna forma reponer la capa de ozono, éste no sería tan barato.
Estos ejemplos representan el mejor de los casos, en el cual se conoce que una empresa produce desechos tóxicos o utiliza contaminantes en sus procesos. En el peor de los casos, las leyes ambientales protegen a algunos sectores industriales, desconociendo como peligrosos algunos de los materiales utilizados por ellos y reconocidos internacionalmente como tóxicos, de modo que la impunidad es aún mayor.
En países donde no existe legislación adecuada o la existente es sistemáticamente violada por el gobierno y/o las empresas, deben buscarse vías de presión pública y efectiva sobre los responsables partiendo de nuestra propia iniciativa, a nivel individual y colectivo. Está en nuestras manos que los verdaderos culpables del problema dejen de eludirlo sistemáticamente.
La creación de un sistema de valores nuevo es hoy día una cuestión de supervivencia. Dicho sistema debe constar de unos valores mínimos universales y asegurar a partir de ahí la libertad individual. Se debe usar el diálogo crítico y el método científico para encontrar valores universales y al mismo tiempo asumibles por las diferentes creencias, religiones y tradiciones.
El desarrollo tecnológico, el crecimiento demográfico y otros factores proporcionan al ser humano de hoy un poder inédito en la Historia. Este poder puede ser usado para conseguir enormes beneficios o causar grandes catástrofes. Por eso es imprescindible tener un criterio claro y eficaz para guiar nuestras acciones.
El mundo está ahora tan interconectado que un cambio en cualquier lugar puede tener efectos sobre todo el planeta. Por eso es necesario alcanzar un subconjunto mínimo de valores consensuados y aplicados de forma universal, sin excepciones. Pero no todos somos iguales, hay que mantener la diversidad, no todos debemos pensar igual o hacer las cosas de la misma manera. La forma correcta es plantear los valores en forma de mínimos irrenunciables, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ahí, cada cual puede desarrollar nuevos valores propios.
Hasta ahora, ninguna revelación, iluminación o tradición ha conseguido ofrecer evidencias universales, compartidas por toda la Humanidad. Aunque es cierto que la fe proporciona una evidencia de verdad muy fuerte para aquellos que creen, gentes diversas sostienen creencias diferentes y a menudo contrarias, e incluso personas que en general comparten una misma confesión, pueden diferir en aspectos particulares de las mismas. Los intentos de universalizar las religiones acaban siempre en imposiciones autoritarias.
Algo similiar ocurre con el seguimiento de la Tradición. Cuando una afirmación es sostenida por muchas personas durante mucho tiempo, es una muestra de su solidez, pero no necesariamente es garantía de verdad. Basta acudir a la Historia para comprobar que millones de personas pueden estar equivocadas durante mucho tiempo. Además, la Tradición por sí misma carece de herramientas para solucionar conflictos entre diferentes tradiciones incompatibles.
El método que más eficaz se ha demostrado para encontrar evidencias sólidas y universalmente compartidas es el científico. Este método puede y debe ser usado para construir el sistema del que hablamos. Ante una pregunta ética, lo primero es usar el diálogo para buscar una posible respuesta, un valor. Y una vez encontrado, hay que contrastarlo con la realidad. Acudir a sociedades que viven o han vivido según el valor en cuestión, y comparar con quienes viven con otros valores diferentes. Y observar con ojo crítico si realmente influye en aumentar la felicidad humana o no. Mantener un debate abierto, permanente y libre, y tener el valor de cambiar los valores si se demuestra que no son útiles, sustituyéndolos por otros mejores.
Lo interesante de esta propuesta es que se puede llegar al consenso sin tener que resolver previamente el dilema de si la Religión y la Tradición siguen teniendo validez, o bien deben ser suprimidos del todo. Basta con no permitir que ninguna de ellas se constituya como fuente única y común de verdad, sino que cada persona individualmente elija si cree o no en una u otra. Los religiosos, excepto los fanáticos, están de acuerdo en que la revelación divina, las sagradas escrituras, tienen que ser sometidas a una exégesis, una interpretación para encontrar su auténtico sentido. Este proceso puede ser asimilado al debate crítico mencionado arriba. Así, los creyentes pueden participar tranquilamente en el proceso sin renunciar a su fe, y buscar que los valores consensuados sean compatibles con las enseñanzas de sus maestros, profetas, antepasados, etc. Después de todo, si esos maestros eran buenos, lo lógico es que su mensaje, al ser correctamente interpretado y aplicado a la realidad, se demuestre beneficioso para la humanidad.
Los no religiosos también pueden fundamentar el sistema según sus propias creencias. Por ejemplo, los partidarios de la Ley Natural pueden considerar que el ser humano tiene una manera natural de organizarse, unas leyes físicas, y que el proceso sirve para descubrir esas leyes. Los Racionalistas confían en la Razón humana para descubrir los auténticos valores. Los agnósticos y los pragmáticos, no se molestarán en buscar un fundamento trascendental al sistema, lo que les importa es que funcione.
Esta es la manera de que el máximo posible de seres humanos asuman estos valores como propios, y los ejecuten por convicción de que son buenos, no por imposición de una autoridad. Y que cada persona sea responsable de hacerlos cumplir, en lugar de permitir que lo haga un pequeño grupo de poder.
La legalización de las drogas reconoce el derecho de las personas a consumir cualquier substancia y, acompañada con educación, es posiblemente la mejor estrategia para luchar contra el consumo abusivo y la drogodependencia, causas de la degradación humana del consumidor y de múltiples daños a su entorno. La ilegalización de las drogas no está resolviendo los problemas que el consumo de drogas genera en la salud pública y está fomentado otros problemas igualmente graves como el narcotráfico y las dudosas políticas gubernamentales de guerra contra el narcotráfico.
La lucha legal contra las drogas se ha centrado, a nivel mundial, en la prohibición, la represión y la sanción de su uso (a excepción del tabaco y el alcohol). La ilegalización de las drogas vulnera derechos como la autodeterminación individual y el libre desarrollo de la personalidad, tan publicitados por los actuales sistemas de gobierno.
Este enfoque no ha traído consigo la disminución en la producción o el consumo dañino para la salud pública y, por el contrario, ha generado tres problemas adicionales graves:
- El narcotráfico, actividad que resulta más productiva cuanto más elevados pueden ponerse los precios como resultado de la ilegalización de estos productos. Y la consiguiente guerra contra el narcotráfico de numerosos gobiernos dentro y fuera de sus fronteras, fuente demostrada de corrupción y justificación de gastos policiales y militares, así como de excusa para promover intervenciones armadas en países donde el narcotráfico opera.
- La adulteración de las sustancias ilícitas, causa frecuente de muerte que no distingue entre adictos, consumidores habituales u ocasionales.
- La gran incoherencia que supone el que ciertas drogas (marihuana, cocaína, heroína, etc.) resulten ilegales y otras (tabaco y alcohol) sean legales, cuando todas ellas son drogas, es decir, sustancias de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno y cuyo consumo reiterado puede provocar adicción o dependencia.
La solución no pasa por la prohibición, sino por la educación y la responsabilidad para evitar el consumo abusivo y la drogodependencia, causa de la degradación humana en la que caen algunos consumidores y de los daños morales y físicos que sufren las personas de su entorno. Se trata de proveer a las personas toda la información necesaria para que elijan su forma de vida responsablemente y de acuerdo con su conciencia, incluidas las drogas que desean tomar, y no de reiterar políticas represivas que tratan a la ciudadanía de forma paternalista y además se han demostrado ineficaces.
Como ocurre con casi todo, las cosas no son buenas o malas sin más, sino que depende del uso que se haga de ellas. Por ejemplo, ciertas drogas son muy positivas en determinados usos terapéuticos.
Es necesaria también una reflexión sobre las causas subyacentes al consumo destructivo de drogas como la desintegración familiar, la pérdida de valores, la cultura hedonista, la pobreza, la falta de esperanzas, la falta de objetivos en la vida... Algo falla en nuestra sociedad y la proliferación de las drogas es un síntoma. Y algo falla en la formación o percepción de las personas que no son capaces de sentirse plenas si no es consumiendo drogas abusivamente.
En definitiva, creemos que el consumo de drogas debe responder al ejercicio de una libertad educada y responsable, que deberá apoyarse en el trabajo de los estados y sus habitantes en una serie de frentes:
- La construcción de proyectos de divulgación e información precisa acerca del uso y riesgos del abuso de las drogas, de manera que cada persona, como consumidor, conozca las posibles consecuencias de sus actos. Estos proyectos deben centrarse de forma especial en la población joven, sobre todo en los jóvenes de perfil social más desfavorecido.
- La elaboración de políticas de prevención, haciendo especial hincapié en el estudio y el combate de las causas que llevan a alguien a consumir una droga de forma perjudicial para su salud, así como en la estructuración de programas de educación y protección a niños y adolescentes. Por supuesto también políticas de ayuda a los que padecen dependencia de cualquier droga.
- El establecimiento de ciertas normas, regulaciones y sanciones sobre el consumo, como la obligatoriedad de mayoría de edad y la adquisición en establecimientos legalmente autorizados (para controlar la adulteración), con el fin de que el consumo se desarrolle dentro de parámetros legales y respondiendo a principios de salud pública.
- La evaluación seria y minuciosa de marcos jurídicos alternos que se orienten hacia la legalización de las drogas, superando el criterio simplista de que legalizar equivaldrá al incremento indiscriminado del consumo, e ignorando los efectos positivos que traería como el control del mercado, o la obtención de recursos para programas de prevención y rehabilitación de los adictos.
La educación, concienciación y adopción de valores y responsabilidades por parte todos los niveles de la sociedad es un proceso que requiere tiempo. También la transformación de una industria hoy en día tan potente y submergida como el narcotráfico. Legalizar la producción y comercialización de todas las drogas de la noche a la mañana puede comportar malas consecuencias para la salud pública, por lo que el remedio sería peor que el problema. Por lo que el proceso de legalización se realizaría mediante un calendario de transición en el cual se avanzarían etapas a medida que se mostraran mejorías en los índices de consumo abusivo y drogodependencia.
La primera etapa de este calendario sería la legalización de los derivados del cannabis: marihuana, hachís y demás substancias cannabinoides, comunmente reconocidas a nivel médico como drogas blandas. Esta primera etapa vendría avalada por los estudios médicos que constatan que la toxicidad y adicción de los cannabinoides es inferior a la del alcohol y el tabaco, así como por la experiencia holandesa de legalización limitada de los cannabinoides desde 1976.
Enlaces:
El estudio Forquet, que analiza los efectos tóxicos del cannabis
http://www.canamo.net/MEDICINAL/articulos_Maria-Medicinal/articulo_11B.htm
Centro para la Investigación sobre Drogas de la universidad de Amsterdam - Con abundante información sobre el impacto social, médico y psicológico del consumo de drogas: http://www.cedro-uva.org/
Trimbos, Instituto Holandés de Salud Mental y Adicción - También con abundante información
http://www.trimbos.nl/
Información oficial sobre política sobre drogas en Holanda (bajo los errores de código informático está la página): http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ300928
El mínimo requisito de cualquier sistema educativo es que las personas lleguen a su mayoría de edad sabiendo leer, escribir, calcular, razonar y dialogar, y no sólo memorizar. Comprender textos, analizar datos y expresar nuestras ideas son las bases de nuestra libertad, como también lo es aprender a dialogar con los demás buscando la comprensión y el acercamiento de posturas, y no la defensa a ultranza de las propias convicciones.
Mencionar el fenómeno cada vez más habitual del analfabetismo funcional en los países desarrollados, en los que un nada despreciable porcentaje de estudiantes acaba la primaria e incluso la secundaria sabiendo formalmente leer, escribir y la álgebra básica... pero a la hora de la verdad no llegando a unos mínimos de comprensión, expresión y capacidad de resolución de problemas.
El camino hacia la libertad del ser humano moderno también pasa por la necesidad de liberarse de la agenda mediática, eso que decide indirectamente qué es noticia y qué no. Esa agenda machaca cada día una visión de 'la actualidad', que de tan acostumbrados que estamos a ella confundimos con 'la realidad'.
Los llamados medios de comunicación de masas dictan implícitamente de qué se va a hablar hoy en escuelas, bares, oficinas y comedores, y de qué mejor no hablamos. Pero esa agenda no necesariamente aborda lo más importante para las personas corrientes, ya que quien le da forma es una maquinaria oscura que se hunde en mares de intereses políticos y comerciales. Y cuando toca guerra, toca guerra, y cuando no, pues no. Y cuando toca fútbol toma fútbol y más fútbol.
Así pasan desapercibidos otros temas más importantes y también incómodos, sistemáticamente obviados o banalizados. La agenda mediática, dicen los comunicólogos críticos, es la principal impulsora de la actual sociedad del espectáculo y su fuerza en nuestras vidas recuerda a la estrategia imperial de dar 'pan y circo' al pueblo para canalizar sus siempre inquietantes energías.
Sólo saltando al caos emancipador, descentralizado e interactivo de las redes se saborea esa famosa frase de McLuhan: el medio es el mensaje. Es decir, para que la información sea libre e independiente las estructuras y el contexto que la generan lo deben ser también. En este sentido, en los últimos años hay quien se ha dedicado a diseñar sistemas y procesos abiertos para el medio digital que liberan a las fuentes y a los lectores de sus roles pasivos y anclados.
Pero incluso en nuestro entorno personal podemos experimentar con esta 'nueva' forma de entender el mundo: simplemente escuchando a personas que no son noticia y conviviendo con ellas, suponiendo que se encuentran representados en ellas distintos sectores sociales y culturales, obtendremos un reflejo de la realidad mucho más realista que esa actualidad presentada por los noticiarios.
La solución no consiste en (sólo) criticar a los grandes medios. La estrategia correcta pasa por conocer los esfuerzos de quienes intentan hacer un trabajo periodístico de otro tipo, en saber que hay muchas maneras de informarnos, que es posible obtener noticia del contacto con personas de aquí y allá...
Al fin y al cabo somos nosotros mismos los responsables de la construcción de unos medios más incluyentes que informen con unas perspectivas sociales acordes a nuestros intereses.
O como resume el eslógan de indymedia.org:
No odiemos a los medios: convirtámonos en medios.
El desarrollo científico y tecnológico no se produce de forma autónoma. Como cualquier otro producto humano, la ciencia y la tecnología están entrelazadas con la sociedad en la que se producen. Detrás de la supuesta autonomía e independencia de ambas, existe un sustrato ético, aunque sea de manera implícita. Si reconocemos este hecho, y por tanto nuestra capacidad de influencia, se deben potenciar los desarrollos que vayan en favor de la vida y tratar de evitar los que la destruyen.
De Antonio Cafiero, político argentino:
"Al igual que otras actividades del hombre, el avance científico-tecnológico es polivalente. Puede servir al progreso de la humanidad, por ejemplo, en la lucha mundial contra el hambre, la enfermedad, la pobreza y el deterioro ecológico. Pero igualmente puede exacerbar las desigualdades hasta volverlas intolerables o servir como factor de poder militar o de dominación económica."
De Francis Fukuyama:
"la capacidad de la tecnología de mejorar la vida humana depende en alto grado de un progreso moral paralelo del hombre"
Una mina antipersona o una silla eléctrica no son productos tecnológicos neutros: sirven para matar personas. La energía solar o eólica tampoco lo son: sirven para poder obtener energía con un impacto mínimo para el medio ambiente. Estos son ejemplos extremos que muestran lo peor y lo mejor de las posibilidades de la ciencia y la tecnología humanas, productos a los que no se ha llegado por casualidad o determinismo, sino que han sido inspirados por principios de algún tipo.
Actualmente algunas de las principales fuerzas que guían los desarrollos son la obtención de beneficios económicos y la búsqueda de la superioridad militar. También es comunmente aceptado que si existe la posibilidad de determinada investigación o producto, hay que realizarla sin más razón ni consideración de utilidad, simplemente por la posibilidad de hacerlo (posibilismo).
Se debería potenciar la utilización de los fondos públicos para investigación para desarrollos en favor de la vida, prestando especial atención a las necesidades básicas, y restringir los que van en contra de la vida. Las empresas privadas deberían también considerar este tipo de desarrollos, en vez de buscar únicamente beneficios económicos. Los autores y colaboradores de desarrollos tecnológicos que van claramente contra la vida, como el armamento, deberían ser conscientes de que su trabajo no es neutral y de que no pueden "lavarse las manos" en todo este problema.
Todo acuerdo político, toda elección de cargo, toda asignación de proyecto y toda destinación de recursos ejercida por un poder público debe ser transparente antes, durante y después de su realización.
Las personas que desempeñan alguna tarea en los organismos públicos están trabajando por una voluntad popular en unas infrastructuras y bajo unos procedimientos que no les pertenecen únicamente a ellas, sino que son de todos. Por lo tanto, deben informar de sus estrategias, sus deliberaciones, sus acciones y sus valoraciones antes, durante y después de su realización.
El mínimo exigible es que los órganos públicos establezcan sistemas informativos que sean accesibles y comprensibles para el común de los ciudadanos. Para ello pueden utilizar Internet o medios impresos en su defecto, archivando eficientemente la información emitida y facilitando su consulta.
Las infraestructuras de acceso a Internet están más avanzadas de lo que los propios ciudadanos (e instituciones) creen. No es necesario disponer de una conexión permanente a Internet, un lujo al alcance de pocos. Se pueden montar sistemas de actualización periódica de la información oficial con servidores BBS (Bulletin Board System). Se pueden montar redes eficientes de intercambio de información con simples PCs y líneas de teléfono, infraestructuras mínimas de las que ya disponen muchos ayuntamientos, bibliotecas y otras instituciones públicas.
Pero la existencia de estas infraestructuras y sistemas de informacion, que ya serían un gran paso, no es suficiente. Es necesario informar a los ciudadanos de su derecho de acceso a esta información, así como ofrecer la formación necesaria para que efectivamente los ciudadanos puedan utilizar estas infraestructuras.
La información impresa a ofrecer en ausencia de los medios digitales se debe basar en los boletines oficiales pertinentes más una gacetilla periódica con un textos comprensibles para el común de la ciudadanía. También se pueden montar sistemas de impresión en combinación con los sistemas de información digitales, que permita a los ciudadanos que vivan en zonas no cubiertas por las infraestructuras digitales el solicitar copias impresas de documentos, a ser servidas tras unos días. En definitiva, es cuestión de definir sistemas informacionales, y se pueden encontrar soluciones con unos costes bajos.
Las instituciones públicas tienen la obligación de publicar en estas infraestructuras informacionales toda la información que generen, a excepción de aquella que tenga un estatus de información secreta o reservada, que se define en este otro valor:
La información secreta de Estado debe ser compartida, conservada y finalmente publicada
La pobreza, las desigualdades económicas y la dependencia exterior son causa de fondo de la mayor parte de conflictos. El desarrollo económico equilibrado y sostenible de una región es uno de los principales garantes de paz.
Ampliación pendiente.
Hay ciertas situaciones en las que las instituciones públicas requieren mantener secreto sobre informaciones que manejan. Pero la información reservada de be ser siempre compartida entre varios actores confiables, nunca debe ser destruida y al cabo de un tiempo debe ser publicada.
El derecho al secreto y la privacidad en la gestión pública debe quedar restringido a los mínimos necesarios para preservar la seguridad general y la intimidad de las personas:
- la información que conlleve un serio perjuicio para actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia
- la privacidad de datos de Hacienda
- el secreto relacionado con la investigación científica
- la información que implique menoscabar las relaciones internacionales (aquella que ha entregado un Estado a otro con carácter confidencial)
Una excepción explícita al derecho al secreto del Estado es el acceso a información confidencial o reservada en caso de investigaciones a violaciones graves de los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. Deben existir canales legales para el acceso a esta información por parte de los órganos de justicia, observadores internacionales, las familias afectadas y los abogados que éstas designen.
Un punto oscuro en la gestion transparente de los gobiernos es la destinación de "fondos reservados", a ser utilizados para acciones policiales realizadas con métodos y personas que no pueden ser declarados públicamente. El concepto de fondos reservados va contra la transparencia y la legitimidad de un gobierno democrático.
Se entiende que por motivos de seguridad y efectividad se oculten nombres de personas e incluso que se lleguen a efectuar pagos sobre los que no se tengan que rendir cuentas a Hacienda. Pero esto no impide que el gobierno explique cuánto dinero destina a qué tipo de acciones y servicios en sus acciones policiales y su estrategia de seguridad pública. El ocultamiento de identidades por razones de seguridad e intimidad y la entrega de dinero libre de impuestos se contempla legalmente en otros aspectos y puede ser contemplado aquí.
Hay más acotaciones a aplicar a los secretos de los organismos públicos.
Es preciso el compartimiento de las informaciones secretas con otros actores que puedan garantizar tanto su confidencialidad hacia el Estado como su supervisión y control de las actividades secretas hacia la ciudadanía. Por ejemplo, los secretos de índole policial o militar deberían ser compartidos en comisiones especiales en las que participen miembros de los partidos en la oposición parlamentaria.
La información no pertenece a la instancia pública que la maneja, es de todos; por lo tanto los archivos que se generan también son de todos, no pueden ser borrados, quemados, no pueden sustraerse cuando acaba un período de gobierno.
Ninguna información secreta debe ser destruida. Toda la información secreta generada por personas o equipos en organismos públicos debe ser accesible a las personas o equipos que les sucedan en sus responsabilidades.
Ningún secreto debe ser permanente. Toda información generada por un organismo público se tiene que acabar haciendo pública pasado un margen de tiempo que se estime conveniente.
La libertad que no está sujeta a nada es ficticia, retórica. Para ejercer plenamente nuestra libertad necesitamos unos valores propios, conocimiento de causa, posibilidad de elección, voluntad de acción, previsión de consecuencias y responsabilización de nuestros actos.
La libertad individual es la piedra maestra con la que se construyen todos los derechos y libertades mediante los cuales se articulan las sociedades. De ahí que sea importante para toda sociedad el tener una idea común de libertad individual.
A nivel de lenguaje parece que lo lógico es que la libertad no tiene condicionante ni limitación alguna: si se sujeta a la libertad ésta ya no es libre. Sin embargo, un análisis más profundo nos lleva a entender que precisamente para que la libertad sea plena necesita estar ligada a ciertos condicionantes:
- Ética: el individuo que pretende ejercer su libertad debe tener unos valores éticos asumidos. Éstos le dan un referente en su contexto social, en su relación con los demás. El ejercicio de nuestra libertad no condiciona los derechos y libertades de nuestro entorno social y en la Naturaleza. Quien ejerciendo su libertad falta a sus propios principios éticos y, por consiguiente, afecta a los derechos y libertades de su entorno, posiblemente acabará obteniendo la resistencia de su entorno y la limitación de sus libertades.
- Autodeterminación: es decir la propia voluntad de acción. No puede ejercerse la libertad cuando no se tiene voluntad propia. La autodeterminación está a su vez compuesta de varios factores:
- Responsabilización de nuestros actos: última pieza clave en el ejercicio de la libertad. Si eludimos nuestras propias responsabilidades perjudicando a otros, no podemos esperar que esos otros respeten nuestros derechos y libertades. La baraja se rompe, impera la ley del más fuerte y todas las libertades quedan en entredicho. La impunidad de los poderosos, los fuertes, es la peor estrategia de control social que la Humanidad ha creado.
Todo sistema económico debe colocar al frente de sus prioridades la lucha contra la miseria. Nadie debe pasar hambre, nadie debe dormir a la intemperie, nadie debe pasar frío, nadie debe sufrir una enfermedad sin recibir atención.
La miseria es el estrato más bajo de pobreza. Consideramos que viven en la miseria aquellas personas a las que les falta comida, techo, vestido o atención sanitaria. La inaccesibilidad a la educación y al trabajo son también causas de la miseria, y cualquier estrategia de actuación a medio plazo debe contemplar ambos problemas.
Las personas que viven en la miseria se ven sumidas en una lucha diaria por la supervivencia y contra la exclusión social que les hunde aún más en esa miseria. Esta es una tragedia cada vez más extendida que nadie debería ignorar.
La miseria siempre ha existido, pero actualmente ya no es un problema propiamente económico. Es decir, no es un problema de balanza de pagos, ni de políticas fiscales, ni de promoción de exportaciones, ni de sustitución de importaciones, ni de modelos productivos ni nada de eso.
El problema de la miseria es de carácter ético. Lo que se requiere para resolverlo es la voluntad política para quererlo resolver.
Hoy sabemos que con un minúsculo porcentaje del dinero que manejan los gobiernos en sus presupuestos de defensa o las corporaciones en sus especulaciones financieras habría recursos suficientes para eradicar la miseria. Pero ni gobiernos ni corporaciones tienen este punto como prioritario en su agenda.
También sabemos que buena parte de las ayudas aprobadas se pierden en los pasillos de la burocracia y la corrupción tanto en los países emisores como en los receptores de las ayudas.
Hay muchas cosas que podemos hacer con voluntad y ética, y cualquiera de ellas será posiblemente preferible a ignorar el problema o encogerse de brazos.
A nivel individual podemos ser conscientes de las dimensiones de la miseria, en el mundo y sobretodo en nuestro entorno inmediato. También podemos conocer y contribuir a mejorar las medidas que se estén tomando a nivel local. Y sobretodo podemos colaborar creando vínculos y relaciones tendientes a eradicar la exclusión social, el factor más cruel de la miseria.
A nivel colectivo debemos buscar vías de presión para que los gobiernos prioricen la eradicación de la miseria en sus presupuestos. Al fin y al cabo gestionan un capital y unos recursos públicos que compartimos. También deben existir maneras de presionar al capital privado. Al fin y al cabo unos y otros existen gracias a que existimos como contribuyentes y consumidores.
Por lo que respecta a las políticas económicas a medio plazo, seguramente se pueden ensayar modelos de distribución que garanticen repartos de riqueza que permitan vivir a todos con dignidad. Dar con estos modelos requiere investigación y recursos, pero si se están encontrando recursos para la investigación genética o la carrera espacial... ¿Qué argumentos hay para no destinarlos a la lucha contra la miseria?
Una vez más, la puerta cerrada se encuentra en el ámbito de la ética y los intereses, y no en el de la estricta economía. Porque ¿a quién le conviene que se encuentren esos modelos económicos de mejor distribución de riqueza? Por supuesto no a quienes se están enriqueciendo con los actuales modelos.
Generalmente los gobiernos encubren bajo la bandera de la lucha antiterrorista la legitimación de la violencia de Estado y las violaciones de derechos humanos y libertades civiles. Pero la solución al terrorismo no puede consistir en sembrar más terror.
Aunque amparada en una aureola de servicio a la sociedad, es necesario desenmascarar los verdaderos objetivos de la guerra al terrorismo:
- El aumento sustancial del control y la vigilancia, con la consiguiente restricción del derecho a la intimidad, a la libre expresión, reunion y asociación.
- El aumento del presupuesto del estado destinado al ejército y fuerzas policiales, así como la ocupación militar de áreas estratégicas.
- La exaltación y radicalización del bipolarismo "buenos-malos", situando en el lado de los enemigos, y por tanto marginando y criminalizando, a individuos y grupos que cuestionan las actuaciones del gobierno desde una actitud completamente pacífica y contraria a cualquier tipo de violencia.
- La manipulación de los medios de comunicación públicos, y por consiguiente de la opinión pública, para la fabricacion de falso consenso y apoyo por parte del público a las "guerras justificables".
- Incluso la manipulación de las palabras a su favor: terrorismo, terrorista, guerra justa, libertad y democracia, antiterrorismo, patriotismo, intervención humanitaria, ataques quirúrgicos...
En el fondo el terrorismo no sólo viene bien a los terroristas, sino también a quienes utilizan su existencia como excusa para aplastar una serie de ideas, valores o posturas, cuyo pisoteo no permitiría normalmente la gente caso de no existir terrorismo.
Es más, la historia nos muestra que los gobiernos que más énfasis ponen en la lucha antiterrorista son casi siempre los mismos que años más tarde se descubren como responsables directos o indirectos de acciones terroríficas fuera de la ley.
La democracia se basa en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y la monarquía se basa en el privilegio automático del que gozan los reyes y sus descendientes naturales. Un concepto es incompatible con el otro y hoy en día no hay razones de peso para mantener monarquía alguna.
La monarquía es un régimen político que se basa en el hecho de que una persona es agraciada con toda una serie de derechos sobre una corona, un Estado, por el simple hecho de haber nacido en la familia oportuna. Ésta fue la garantía de continuidad en el poder de la que disfrutaron diversas familias reales durante siglos. Su justificación fundamental era de tipo confesional: el heredero de la corona siempre lo era por la gracia de Dios, que era quien ponía una alma determinada en el cuerpo del hijo de un rey. Incluso la victorias, derrotas y traiciones reales tenían una justificación divina: el rey ha muerto ¡viva el rey!
En un principio los reyes fueron guerreros, por lo general también han tenido autoridad religiosa y económica. Las luchas entre reyes (y emperadores, similar figura mono-árquica) y sus intentos por mantener el trono han sido la causa de la mayoría de guerras reportadas en la historia de la humanidad. En la época moderna y contemporanea unas familias reales fueron expulsadas a la fuerza, otras pudieron abdicar, pero algunas se han mantenido hasta la actualidad.
Quizás las reconversiones a monarquías parlamentarias tuvieron alguna razón de ser en el día en que fueron acordadas, pero ya no más. En los estados democráticos y no confesionales la monarquía no tiene sentido alguno, se mire por donde se mire.
Hoy las monarquías se mantienen básicamente gracias a un inmovilismo institucional, una falta de crítica y transparencia auspiciada por las leyes que protegen a las familias reales y una constante campaña promocional global a través de los medios de comunicación en general y la prensa del corazón en especial.
Ninguno de estos pilares se caracteriza por su solidez democrática.
Naturalmente, en un estado democrático una decisión como dar fin a una monarquía debería pasar por una consulta a la ciudadanía... si el rey o un sucesor suyo estuviera dispuesto a mantener la monarquía.
Pero en cualquier caso la abdicación o la renuncia a la sucesión en la corona debería ser una decisión adoptada libremente por las propias familias reales, por lo general integradas por personas de buena formación y conocimiento de los asuntos políticos. Si un rey se considera apto para gobernar también será apto para reflexionar y tomar una decisión sobre su propia abdicación. Si un príncipe se considera apto para suceder al rey, también será apto para reflexionar y tomar la decisión de finalizar con el anacronismo del que, al fin y al cabo, no ha escogido formar parte.
Dicho de otra manera, en el siglo XXI un buen rey o un buen príncipe es aquél que llegue a la conclusión que lo mejor que puede hacer en su reinado es abdicar.
El paso de una monarquía a una república requiere una reforma constitucional donde se recoja las nuevos formas de administración de los poderes y responsabilidades que recaían en el regente. Esta reforma constitucional debe ser fruto de un debate social y debe ser aprobada mediante referendum. Cada país decidirá cuál es el sistema de gobierno que prefiere, pero lo deseable es que las nuevas repúblicas promuevan el reparto de poderes en varios equipos y organismos, de forma que no se fomente la acumulación de poderes en una sola persona.
La Corte Penal Internacional de La Haya, dedicada a establecer responsabilidades por crímenes contra la humanidad, debe ampliar sus competencias para investigar las catástrofes ecológicas y enjuiciar a las personas y organizaciones que hayan cometido presuntos delitos de negligencia.
El principio sobre el que se fundamenta el derecho internacional con respecto a las catástrofes ecológicas es "quien contamina paga", que es lo mismo que decir "a cambio de pagar, puedes contaminar".
En muchas ocasiones a las grandes empresas que controlan el negocio de actividades con alto riesgo de catástrofe ecológico (como las petroleras) les compensa reducir gastos de seguros aun arriesgándose a pagar una multa, porque los beneficios son mayores.
Es necesario endurecer las sanciones por delitos ecológicos haciendolas disuasivas para cualquier empresa, por más grande que sea. Porque no se trata de pagar los destrozos, sino de evitar que estas cosas sucedan, especialmente porque muchas consecuencias son irreversibles, como la desaparición de especies o la despoblación de las zonas afectadas.
Añadido a todo esto, las grandes empresas consiguen escabullirse de las responsabilidades que les toca, escondiéndose tras una red de subcontrataciones, con empresas fantasma que no son más que tapaderas, etc. De esta manera, nos encontramos con que al final no hay nadie que se responsabilice de lo sucedido y las indemnizaciones quedan sin pagar.
Es necesario cambiar este marco legal para que las sanciones no recaigan sólo sobre empresas, que siempre se pueden declarar en quiebra y evitar así responsabilidades, mientras sus directivos y accionistas, que son los auténticos responsables del desastre.
A estas personas que se siguen enriqueciendo a pesar de las catástrofes ecológicas que provoca la negligencia en su actividad es a quienes se debería perseguir y exigir responsabilidades.
El Tribunal de la Corte Internacional de La Haya es el organismo adecuado para investigar este tipo de sucesos. Sus actuales actividades se enfocan en los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Para la investigación de estos crímenes es necesario siempre ir más allá de los responsables directos de una acción (quien apreta el gatillo no es el único responsable de un asesinato), y lo mismo sucede en las complejos contextos en los que se produce una catástrofe ecológica.
En 1976 la Comisión de Derecho Internacional aprobó la 'primera lectura' del Estatuto de la Corte Internacional Penal. En ese Estatuto figuraban los crímenes ecológicos, entre otros que también fueron suprimidos, como el tráfico de órganos, crímenes económicos, tráfico de drogas... El que se incorpore ese tipo de temas dentro de las competencias del TPI es, por tanto, un asunto de voluntad política.
Más información:
Información en español sobre la Corte Penal Internacional
http://www.hrw.org/spanish/press/2002/cpi.html
Página oficial: International Criminal Court
http://www.un.org/law/icc/
Frente a la poca participación ciudadana y debido a la falta de oportunidades que se brinda a la gente para ello, las instituciones públicas tienen que abrir nuevos cauces para fomentar que la población tome partido en las decisiones públicas.
La democracia, como su propio nombre indica, significa poder/autoridad/gobierno del pueblo. Hoy en día este principio se da poco o nada, teniendo en cuenta que es de vital importancia para el funcionamiento de una comunidad.
Valoramos a las actuales democracias, pero tal reconocimiento no debe impedir la búsqueda de fórmulas para que nuestros sistemas sean más democráticos y participativos. Abogamos porque el modelo de democracia representativa que opera en la actualidad evolucione hacia una democracia plenamente participativa.
La actividad política de un país no puede recaer únicamente en manos de sus gobernantes, ya que de esta manera el sistema se sustenta sobre pilares más o menos tambaleantes, se encuentra incompleto.
Conscientes de este panorama, creemos firmemente que los ciudadanos deben participar en los procesos de debate y toma de decisiones de sus países, y para ello las instituciones deben facilitar esta imponente pero a la vez maravillosa acción.
A pesar de ello sabemos que los gobernantes en pleno siglo XXI, continúan sin contar con los ciudadanos en los procesos de toma y ejecución de decisiones y sólo de una forma sumamente limitada en la formación del propio Gobierno, por considerar que esta situación acabará con su estatus privilegiado, en el que "hacen y deshacen" a su antojo.
Así, muchos de los supuestos impedimentos para una democracia más participativa (falta de tiempo y de formación de los ciudadanos, imposibilidad de reunir a millones de personas juntas a discutir sobre un problema, etc.) se pueden atribuir casi siempre a dicha posición de auto-defensa, más que a estudios e investigaciones serias sobre cómo avanzar hacia ese tipo de democracia.
Por lo que hacemos un llamamiento para que sean las instituciones las que, desde ya mismo, comiencen a realizar políticas que cuenten con la inclusión de todas las personas.
La prohibición de discursos es incompatible con un régimen social democrático o libre, no resuelve ningún problema y además alimenta la persistencia, radicalización, victimismo y mitificación del discurso prohibido.
Las libertades de expresión e información son un valor indispensable en toda sociedad que se defina como democrática o libre, ya que su recorte implica en la práctica un recorte a la libertad de pensamiento. Estas libertades no admiten matices: se tienen o no se tienen. Toda limitación a la libertad de pensamiento y su expresión es incompatible con un régimen social moralmente aceptable.
Es inaceptable que el Estado controle la información. Si se considera que alguien difunde informaciones infundadas o distorsionadoras la estrategia adecuada no pasa por un ente calificador que autorice o desautorice. De ahí a la existencia de organismos censores hay un paso, y se estaría tolerando la existencia de alguien que decida qué debemos leer, oir, visualizar... y por tanto pensar.
El derecho a la información no puede estar limitado a profesionales con credencial y medios de comunicación oficialmente autorizados. Los delitos relacionados con el derecho de información no pueden ser imputados a los medios de difusión, sino a sus autores. El hecho de que los medios puedan ser multados o clausurados por difundir informaciones u opiniones conlleva la promoción de la autocensura, una poderosa forma de censura.
Prohibir es una forma de aceptar la fuerza y consistencia del discurso que estamos prohibiendo. La prohibición no resuelve ningún problema y alimenta la persistencia, radicalización, victimismo y mitificación del discurso prohibido. Estos discursos no hay que esconderlos sino afrontarlos con mejores argumentos.
No es legítimo por tanto censurar actos públicos, prohibir textos ni clausurar librerias o medios por sus contenidos. Si alrededor de estos actos o productos informativos hay indicios de delito, lo propio es denunciar a sus responsables y que el asunto se decida en el juzgado.
La libertad de expresión e información no exime a autor@s, editor@s y difusor@s de sus responsabilidades ante la ley. Si se presume que tal información es una difamación, una ofensa o cualquier otro delito tipificado, se puede denunciar a los responsables de que esa información haya llegado a la calle. En caso de que se demuestre culpabilidad las penas se imputarán a sus resonsables, pero no ha lugar al cierre de medios, la censura o retirada de circulación de libros, la clausura de servidores de Internet, etc.
Sí puede ser delictivo el proceso de elaboración de una información, puesto que una cosa es la libertad de expresión y otra muy diferente la libertad de acción. Por ejemplo, una cosa es que el Marqués de Sade imagine y redacte "Las 120 jornadas de Sodoma" y otra es que alguien produzca una película donde se viole realmente a una mujer.
Nunca la posesión de libros, revistas, etc, puede constituir delito, a menos que su proceso de elaboración sea delictivo y se demuestre un encargo o colaboración en su producción. De nuevo, una cosa es que una biblioteca posea un libro con fotografías de torturas chinas reales realizadas a finales del siglo XIX y otra que unas pocas personas posean copias de una película clandestina donde se tortura a propósito una persona.
La ausencia total de censura es un requisito necesario para alcanzar la libertad de expresion, pero no suficiente. Tanto la industria mediática como los canales de comunicación del Estado tienen una capacidad potencial de amplificación de difamaciones, distorsiones y demás formas de ruido informativo que en la práctica pueden extinguir la voz de discursos alternativos. Una sociedad que aprecie la libertad de expresión debe disponer mecanismos para que las voces minoritarias puedan acceder al debate público, y debe incidir en una educación enfocada a la formación de ciudadanos capaces de acceder a varias fuentes de información para formarse sus propios criterios.
O con nosotros o con ellos, o contra ellos o contra nosotros. El mundo, la vida, las personas, los grupos... son mucho más ricos y coloridos que todo eso. Quien plantea esas propuestas quiere que tú dejes de ser tú y pases a ser él.
El Universo no responde a la lógica de dos únicos valores contrapuestos, pues sus elementos son graduales y poseen multivalencias.
Como dijo el escritor y músico Boris Vian: "Si una cosa no es negra, evidentemente puede ser blanca, pero igualmente puede ser de un montón de colores"
La verdad está difuminada, como ocurre con la transición del rojo al naranja en un arco iris. La verdad es una cuestión fronteriza: no existe una sin la otra; como las dos caras de la misma moneda o el yin y el yang. Porque en un Universo borroso, la verdad no es absoluta, sino que consiste en una gradación entre dos extremos opuestos.
Como dijo el escritor Thomas Mann: "Una verdad absoluta es aquella cuyo opuesto también lo es"
La participación ciudadana se incrementa cuando las personas pueden ejercer una contribución de impuestos activa, priorizando con su dinero unas partidas presupuestarias y vetando otras.
En todas las democracias los impuestos quedan en manos de los gobiernos y éstos deciden la distribución de ese dinero. En el mejor de los casos, en consulta con órganos colegiados, supuestos representantes de la población. En el peor, completamente de espaldas a la población.
Para que el mecanismo sea verdaderamente democrático cada ciudadano debería tener voz en lo que se refiere a qué se va a hacer con SU dinero. Como mínimo la posibilidad de elegir entre un grupo de opciones predefinidas aquellas que le agradan y aquellas que le desagradan.
Esta propuesta va acompañada de la necesidad de proveer los suficientes datos a los ciudadanos para que puedan tomar una decisión informada.
Sólo se consideran los impuestos correspondientes a las personas, y no los aplicados a las empresas.
Lo planteado garantizaría que:
- Se cubrieran a cabalidad los proyectos que le interesan a la población. Un ciudadano debería poder decidir dedicar sus impuestos a combatir el cáncer o el sida, o a desarrollar mejor las energías renovables, en lugar de investigar en armamento o en la carrera espacial.
- Se ejerciera una democracia "participativa" por cuanto los ciudadanos influyen en las decisiones a adoptar. Los legisladores y funcionarios encargados de este tema sólo se encargarían de los controles y ajustes pertinentes.
Es fácil vislumbrar varios argumentos en contra de este mecanismo:
- Ciertos gastos no son populares pero son necesarios para el Estado (por ejemplo, mantener un gran ejército). A este respecto, sería responsabilidad del gobierno convencer a la población para que sufragara lo que creyera necesario.
- Ciertos gastos básicos como los relacionados con la salud o la educación podrían verse relegados. Para solucionar este punto el gobierno podría marcar ciertos mínimos que aseguraran un buen funcionamiento en ámbitos tan básicos. También habría que introducir mecanismos para que el ciudadano sea consciente de unas prioridades globales que quizá no le afecten directamente.
En definitiva, se trata de considerar a los ciudadanos como dotados de capacidad para opinar con acierto, y no como ignorantes que no saben lo que es mejor para su país y sus vidas.
Los costes de mantenimiento de un ejército en tiempos de paz ya son exorbitantes, por no hablar de la participación en una guerra. Buena parte de este presupuesto se podría destinar a prestaciones sociales dentro y fuera del país.
"Más cañones y menos mantequilla, porque para ésto si que se quiere que haya un Estado fuerte, pero sólo para ésto, porque para cuestiones de educación, sanidad, prestaciones, etc., el Estado debe dejar de ser "el papá Estado". Tramposo argumento, pero aparentemente eficaz."
José María Ballestín, coordinador del grupo parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón.
Valor provinente del trabajo hecho en http://espiral.org/porlapaz (URL en estos momentos inactiva).
Todos los pueblos de la tierra tienen derecho a que se les respete sus propias formas de vida, sus tradiciones, su folklore y su cultura en general. Pero también cada pueblo tiene derecho a señalar las practicas culturales de otros pueblos que se considere que atentan contra los derechos humanos.
Es natural que al pensar en violaciones a los derechos humanos por razones culturales lo hagamos desde nuestra óptica occidental y nos vengan a la mente la ablación del clítoris o el racismo por motivos religiosos en los países africanos. Sin embargo, otros podrían decirnos que muchas empresas occidentales trasladan su producción a ciertos lugares del tercer mundo para rebajar costes, a costa de pisotear derechos básicos de las personas a quienes emplean (muchas de estas personas más que empleados son más bien auténticos esclavos, niños y niñas incluidos).
Tenemos que admitir entonces que, en la práctica, las distintas culturas no piensan lo mismo sobre los derechos humanos. Para que se pueda hablar de derechos humanos universales en la práctica, estos deben ser consensuados, interiorizados y respetados por las diferentes culturas que pueblan el planeta.
Lo cierto es que si bien debemos respetar esos patrones culturales y las tradiciones de cada pueblo no es menos cierto que existen prácticas en uno y otro lado del planeta que atentan contra valores esenciales que ninguna cultura, sistema social o coyuntura política puede saltarse, porque están directamente asociados con el irrespeto a la vida y la dignidad humana. Son esos valores que nos remiten a la regla de oro que dice: "No hagas a otro lo que no deseas que te hagan a ti".
Pero además de tener el derecho y la obligación de señalar las prácticas culturales de otros pueblos que están reñidas con los derechos que expresan valores humanos esenciales, también debemos tomar en cuenta que la solución a este problema es compleja y de largo plazo, porque ningún cambio efectivo y duradero se da por imposición sino por convencimiento.
Podemos comenzar por examinar nuestra propia conducta. Si logramos identificar en ella prácticas de ese tipo comunes en nuestra cultura, si lo reconocemos, tomamos conciencia de ello y asumimos nuestra responsabilidad, no sólo para condenarlas en nuestro entorno sino para contribuir dentro de nuestras posibilidades a su eliminación, estaremos dando un primer paso.
Las personas con enfermedades o incapacidades graves e irreversibles tienen derecho a morir en paz si así lo desean.
Este valor favorable al derecho a la eutanasia se refiere a los siguientes casos:
- Personas que se mantienen vivas sólo porque hay una asistencia artificial continua. Si se desconectara tal máquina o se dejara de suministrar tal medicamento morirían.
- Personas sin asistencia médica no morirían a corto plazo pero entrarían en procesos de deterioro o agonía que les llevaría a un proceso posiblemente peor que la muerte.
- Personas que de alguna forma estarían en una situación estable, pero dolorosa o desgraciada y completamente dependiente de terceras personas.
Hasta que la ciencia médica no inventó ciertas máquinas y ciertos medicamentos muchas de las personas en estas situaciones morían sin más. Su derecho a dejar de recibir esta asistencia y morir si así lo desean parece evidente. Este derecho a la eutanasia voluntaria se extendería a aquellos casos en el que el paciente de una enfermedad o incapacidad grave e irreversible necesite asistencia para morir.
También se le debe reconocer el derecho a la eutanasia a aquellos casos en los que el paciente no tiene capacidad para decidir, por una enfermedad mental grave, coma, es un bebé, etc. En este caso es la familia quien decide si aplicar la eutanasia o no.
Las instituciones médicas públicas deben ofrecer esta asistencia y el marco jurídico debe considerar este acto como no delictivo, tanto para quienes lo solicitan como para quienes lo realizan o auspician. Por supuesto la legalización de la eutanasia debe ir acompañada de una regulación para evitar abusos y asesinatos encubiertos. Por ejemplo, es evidente que el paciente debe expresar su voluntad de morir en presencia de un notario o un juez que pueda levantar un acta oficial.
Recursos relacionados:
En España la asociación más conocida que defiende la eutanasia es Derecho a Morir Dignamente
http://www.eutanasia.ws
Federación mundial de asociaciones pro eutanasia
http://www.worldrtd.org
Si nuestros representantes legales apoyan a un bando en una guerra, nosotros a la práctica somos cómplices de ese bando y esa guerra. No haciendo nada mantenemos esa complicidad, sólo protestando y contribuyendo a que las cosas cambien nos apartamos de complicidades no deseadas y adoptamos una neutralidad activa.
Este valor surge en el contexto del proyecto Por la Paz – http://espiral.org/porlapaz/ (URL en estos momentos no operativa). Se inspira en dos respuestas recibidas, que denotan esta idea de que la pasividad es utilizada por los bandos en conflicto para su propio provecho.
“(...) denuncia la posición del Gobierno del PP, sumiso a esa posición bélica de los EEUU, al "ofrecer" de forma incondicional las bases de Morón y Rota como plataformas de ataques militares a Afganistán. El uso para esos fines de las bases nos convertirá en cómplices de una escalada de tensión militar en la parte más conflictiva del mundo."
Asamblea local de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía en Granada
"(...) Manifestar enérgicamente nuestro rechazo y exigir la neutralidad de Euskal Herria en le conflicto, respetando lo que expresó el pueblo vasco cuando dijo No a la OTAN."
Portavoz de Eusko Alkartasuna
Aunque muchas instituciones públicas utilicen las subvenciones de forma clientelista y buscando su propio prestigio, los fondos que administran pertenecen a la ciudadanía y con las debidas precauciones pueden ser utilizados en provecho de la ciudadanía.
Con frecuencia las instituciones públicas utilizan sus programas de subvenciones para:
- favorecer círculos allegados
- identificar y controlar círculos no tan allegados
- mejorar su imagen en ámbitos o situaciones en los que su prestigio es bajo
- cubrir el expediente de forma económica "subcontratando" actividades que deberían desarrollar en su seno
- y en general autopromoverse y tener su imagen corporativa presente en todos los ámbitos sociales
Cuando una organización está solicitando una subvención debe ser consciente de estos factores, especialmente si los solicitantes o el proyecto a subvencionar son críticos hacia las instituciones públicas.
También debe ser consciente que una cosa son las instituciones públicas en sí, otra las personas, grupos o partidos que las gobiernan y otras los recursos que administran. Estos recursos pertenecen al conjunto de la sociedad, y por tanto "nos" pertenecen, incluso cuando las personas y las instituciones que los administran sean algo de lo que no queremos formar parte.
Entrar en solicitudes de subvenciones conlleva el riesgo de hacerle el juego a las instituciones y los grupos que las administran. Pero cuando las organizaciones críticas no se presentan a convocatorias públicas también es posible que acaben haciéndole el juego a quienes critican. Las instituciones pueden decir que la puerta estaba abierta, pero que fueron los críticos quienes no quisieron entrar.
Un ejercicio interesante puede ser intentar pasar por esa puerta para comprobar (o demostrar) cuan cerrada está y en cualquier caso contribuir a que se abra más a los intereses ciudadanos. Es decir, incorporar al proyecto subvencionado una reflexión y una crítica a lo que mejoraríamos del sistema de destinación de subvenciones.
Lo correcto o incorrecto no se basa en el hecho de solicitar o no ayudas, ya que cada solicitante, cada institución, cada proyecto y cada subvención tiene características diferentes. Se trata más bien de una cuestión de coherencia o incoherencia, algo que no siempre es simple de valorar pero que su sola reflexión ya es de utilidad para toda organización que se plantee solicitar una subvención.
Este valor se nutre de elementos debatidos en http://sostenibles.net
La libertad de circulacion es un derecho basico de las personas. Los flujos migratorios internacionales son consecuencia logica de los flujos internacionales del capital, el comercio y las actividades productivas por lo que poner barreras a las personas cuando se las estamos quitando a los bienes y servicios es un contrasentido y una inmoralidad.
Por un lado es injusto negar la entrada de nadie a un país. Por otro lado tal y como están las cosas es absurdo abrir todas las fronteras. La apertura inmediata de fronteras crearía posiblemente más problemas de los que efectivamente resolvería. El punto está en el medio: en el reconocimiento del derecho a la elección de lugar de residencia acompañado de políticas de desarrollo en las zonas de pobreza que permitan a sus residentes otras opciones de vida decente aparte de la emigración.
Es interés de los ricos el comprometerse con el desarrollo de los pobres. La avalancha de inmigrantes es imparable, porque el ser humano siempre busca mejorar sus condiciones de vida y lo seguirá haciendo. Militarizar fronteras para impedir el paso de inmigrantes no sólo es inmoral: tampoco está siendo efectivo. Las fronteras militarizadas generan a cada momento muerte, violencia, delincuencia y corrupción. Las políticas migratorias restrictivas también alimentan el racismo, las fracturas sociales, la discriminación.
Las soluciones efectivas a las migraciones masivas pasan por conseguir que la gente pueda ganarse el pan en su propia casa.
La abertura de fronteras pasaría por unos acuerdos internacionales y un calendario de proyectos de de desarrollo, objetivos y reformas legales a corto y medio plazo. Existen varios precedentes de aperturas de fronteras a la circulación de personas que nos muestran que estos procesos son complejos pero realizables, aunque sea a lo largo de décadas de negociaciones y sucesivas etapas.
Las problemáticas relacionadas con las migraciones han llegado a niveles masivos, dramáticos, quizás insostenibles e irreversibles. Para aspirar a tener resuelto este problema en unas décadas debemos empezar a movernos ahora.
Algunos elementos a tener en cuenta en el diseño de este proceso de apertura de fronteras son:
* la promoción de la información y debate entre ciudadanos de zonas de emigración e inmigración para entender la complejidad de esta problemática y superar los simplismos que imperan en la actualidad, como que en el Norte la vida es maravillosa o que los inmigrantes son la causa de desempleo y delincuencia en los paüises ricos.
* la lucha contra las mafias y contra la corrupción institucional que rodea el transporte y la explotación del trabajo de los inmigrantes. Las mafias y la corrupción se nutren de la legalidad vigente, de la condición ilegal de los inmigrantes, de su ignorancia y su imposibilidad de reclamar los derechos más elementales.
* el reconocimiento de derechos básicos a cualquier persona en cualquier lugar, como el de la asistencia sanitaria o la educación elemental.
* la concepción de sociedades multiculturales.
El espacio de debate y diseño de este proceso sería la Organización de Naciones Unidas.
Cualquier disputa tiene posibles vías de resolución no violenta. La prioridad es buscar estas vías y no propiciar ninguna de las siempre posibles vías violentas.
Las diferencias de criterios son lícitas e incluso recomendables. Pero la guerra, el terrorismo y, en definitiva, la violencia nunca solucionan las disputas. Nunca resuelven los problemas de fondo y, es más, siempre los agravan con muerte, destrucción y miseria. Hay unos elementos imprescindibles para que una disputa degenere en un conflicto violento. Estos elementos son evitables a todos los niveles, empezando por nosotros mismos a título individual y llegando hasta los dirigentes al mando de los ejércitos:
Evitar la agitación, las prisas la violencia y tomar decisiones con calma, quietud, reflexión. Evitar la codicia, la acaparamiento y el egoísmo y promover el desapego al poder y las riquezas, la generosidad y el altruismo. Evitar la superioridad, la arrogancia y el dominio y poner en pràctica la humildad, el respeto a los demás y el progreso sin subyugar a nadie. Evitar el odio, o simplemente la falta de amor, y en su lugar actuar con amor, así de simple.
No es rico quien posee mucho, sino quien necesita poco. El bienestar no radica en tener sino en ser.
En el actual contexto capitalista y materialista esto puede sonar a consolación retórica para los que ni poseen ni tienen, pero un sencillo repaso a cualquier sociedad en cualquier época arroja un claro resultado: allí donde se cubren las necesidades con modestia y sencillez reina la calma y el bienestar; allí donde se promueve la acumulación de riquezas materiales no tardan en aparecer la competición, las divisiones, las tensiones y los enfrentamientos.
Estos procesos detectables en el ámbito social se originan en el interior de un@ mism@. Así tenemos millones de personas que pudiendo disfrutar de una vida sin mayores problemas, con unos mínimos de trabajo y salud cubiertos, en realidad viven prisioneras de sus propias complicaciones.
La simplicidad voluntaria es una actitud que pretende deshacernos de la competitividad y la agresividad para ganar en tiempo libre permitiendo un mayor disfrute de nuestras vidas, compartiendo más con nuestros hijos, nuestra pareja, los amigos.
El materialismo y la sociedad de consumo nos empujan a introducirnos en una espiral con tal velocidad que la inercia que lleva nos impide pensar, nos induce a consumir intentando llegar a un fin que no existe. Nos hace perseguir molinos de viento que nunca terminamos de descubrir.
Se puede invertir el sentido de la espiral, que en vez de ahogarnos nos haga sentir con plenitud, que en vez de ir al limite vayamos desahogados. Como si de un tornillo se tratase, que no apriete sino que afloje.
No existen fórmulas mágicas, pero sí hay algunas viejas enseñanzas que se han mostrado eficientes, fórmulas que podríamos dividir en materialistas(necesitar menos) y espirituales(ser más):
De entre las primeras destacamos,
- Trabaja para vivir, no vivas para trabajar y si puedes sé dueñ@ de tu trabajo.
- Vive según tus posibilidades y desconfía de quienes te prestan y te regalan a cambio de consumir más.
- Compra artículos duraderos y reparables.
- Mira en qué gastas el dinero y piensa si podrías gastar menos.
- Preocúpate de tu bienestar, piensa qué te haría realmente feliz y cómo lo podrías lograr.
De las espirituales,
- Observa la naturaleza, siéntete parte de ella y sigue sus ritmos.
- Aliméntate con productos naturales, cocina con frecuencia y conoce la procedencia de lo que comes.
- Aprende a decir que sí puedes, aprende a decir que no puedes.
- Sé tu mism@ y confía en tu intuición
- Explora tu lado artístico: escribe, canta, pinta, baila...
Todo esto cunde mucho más cuando lo compartes con quienes conviven contigo. Y el simple hecho de pensar si a esta lista le falta algo más ya es un síntoma de ir por el buen camino.
Ir a la guerra o colaborar con quienes van a la guerra no es una decisión cualquiera. Los ciudadanos de los estados que acuden a un conflicto armado nos convertimos en cómplices de asesinatos y esto no es algo que unos gobernadores puedan decidir porque sí.
Organizar un referéndum conlleva tiempo, dinero y esfuerzos considerables, pero minúsculos comparados con los que implica afrontar una guerra. Sólo en caso de recibir un ataque en territorio propio que requiriera una respuesta defensiva inmediata sería justificable que las fuerzas armadas actuasen. Importante matiz: estas movilizaciones armadas inmediatas deberían cubrir su propio territorio. Cualquier salida de las fuerzas armadas fuera Y dentro de su territorio requeriría ese referéndum. En el caso de legislaciones que no contemplen referéndums vinculantes, se deberían iniciar procesos de cambios constitucionales.
¿Qué hacer cuando tu gobierno no inicia el referéndum?
Organizarlo en el ámbito en el que tengas jurisdicción, de forma consultiva. Como iniciativa cívica sin vinculación legal. A nivel municipal, regional, etc.
Este concepto es producto del trabajo desarrollado en el proyecto Por la Paz - http://espiral.org/porlapaz (URL en estos momentos inactiva)