Fabricar un producto o desarrollar un servicio conlleva en muchas ocasiones un daño al medio ambiente. Los costes de revertir o impedir el daño ecológico deben ser asumidos por las empresas que los ocasionan.
En la generalidad de los países donde la conservación del patrimonio ecológico es alguna preocupación (no muchos) esto es un gasto que cae en los contribuyentes. Y mientras tanto, los causantes del daño ... bien, gracias. Las empresas deben incluir esos costes en su actividad y, además, deben sufragar los gastos derivados de la investigación necesaria para encontrar solución a los problemas.
Un porcentaje importante de los contaminantes más tóxicos y peligrosos provienen de la industria petroquímica. Esto se debe a que al producir, por ejemplo, pajitas para beber líquidos es mucho más barato hacerlas de polietileno que de una cinta de papel encerada. La pregunta es: ¿por qué son TAN baratas? Es muy sencillo: los fabricantes no corren con el daño ecológico que producen. ¿Por qué el freón es más barato que otros refrigerantes menos agresivos con la capa de ozono? La misma respuesta. Si los fabricantes de freón tuvieran la OBLIGACION de generar la tecnología que permitiera de alguna forma reponer la capa de ozono, éste no sería tan barato.
Estos ejemplos representan el mejor de los casos, en el cual se conoce que una empresa produce desechos tóxicos o utiliza contaminantes en sus procesos. En el peor de los casos, las leyes ambientales protegen a algunos sectores industriales, desconociendo como peligrosos algunos de los materiales utilizados por ellos y reconocidos internacionalmente como tóxicos, de modo que la impunidad es aún mayor.
En países donde no existe legislación adecuada o la existente es sistemáticamente violada por el gobierno y/o las empresas, deben buscarse vías de presión pública y efectiva sobre los responsables partiendo de nuestra propia iniciativa, a nivel individual y colectivo. Está en nuestras manos que los verdaderos culpables del problema dejen de eludirlo sistemáticamente.