La gestión de los poderes públicos debe ser totalmente transparente
Todo acuerdo político, toda elección de cargo, toda asignación de proyecto y toda destinación de recursos ejercida por un poder público debe ser transparente antes, durante y después de su realización.
Las personas que desempeñan alguna tarea en los organismos públicos están trabajando por una voluntad popular en unas infrastructuras y bajo unos procedimientos que no les pertenecen únicamente a ellas, sino que son de todos. Por lo tanto, deben informar de sus estrategias, sus deliberaciones, sus acciones y sus valoraciones antes, durante y después de su realización.
El mínimo exigible es que los órganos públicos establezcan sistemas informativos que sean accesibles y comprensibles para el común de los ciudadanos. Para ello pueden utilizar Internet o medios impresos en su defecto, archivando eficientemente la información emitida y facilitando su consulta.
Las infraestructuras de acceso a Internet están más avanzadas de lo que los propios ciudadanos (e instituciones) creen. No es necesario disponer de una conexión permanente a Internet, un lujo al alcance de pocos. Se pueden montar sistemas de actualización periódica de la información oficial con servidores BBS (Bulletin Board System). Se pueden montar redes eficientes de intercambio de información con simples PCs y líneas de teléfono, infraestructuras mínimas de las que ya disponen muchos ayuntamientos, bibliotecas y otras instituciones públicas.
Pero la existencia de estas infraestructuras y sistemas de informacion, que ya serían un gran paso, no es suficiente. Es necesario informar a los ciudadanos de su derecho de acceso a esta información, así como ofrecer la formación necesaria para que efectivamente los ciudadanos puedan utilizar estas infraestructuras.
La información impresa a ofrecer en ausencia de los medios digitales se debe basar en los boletines oficiales pertinentes más una gacetilla periódica con un textos comprensibles para el común de la ciudadanía. También se pueden montar sistemas de impresión en combinación con los sistemas de información digitales, que permita a los ciudadanos que vivan en zonas no cubiertas por las infraestructuras digitales el solicitar copias impresas de documentos, a ser servidas tras unos días. En definitiva, es cuestión de definir sistemas informacionales, y se pueden encontrar soluciones con unos costes bajos.
Las instituciones públicas tienen la obligación de publicar en estas infraestructuras informacionales toda la información que generen, a excepción de aquella que tenga un estatus de información secreta o reservada, que se define en este otro valor:
La información secreta de Estado debe ser compartida, conservada y finalmente publicada
