Los ciudadanos tienen derecho a decidir a qué se destinan sus impuestos
La participación ciudadana se incrementa cuando las personas pueden ejercer una contribución de impuestos activa, priorizando con su dinero unas partidas presupuestarias y vetando otras.
En todas las democracias los impuestos quedan en manos de los gobiernos y éstos deciden la distribución de ese dinero. En el mejor de los casos, en consulta con órganos colegiados, supuestos representantes de la población. En el peor, completamente de espaldas a la población.
Para que el mecanismo sea verdaderamente democrático cada ciudadano debería tener voz en lo que se refiere a qué se va a hacer con SU dinero. Como mínimo la posibilidad de elegir entre un grupo de opciones predefinidas aquellas que le agradan y aquellas que le desagradan.
Esta propuesta va acompañada de la necesidad de proveer los suficientes datos a los ciudadanos para que puedan tomar una decisión informada.
Sólo se consideran los impuestos correspondientes a las personas, y no los aplicados a las empresas.
Lo planteado garantizaría que:
- Se cubrieran a cabalidad los proyectos que le interesan a la población. Un ciudadano debería poder decidir dedicar sus impuestos a combatir el cáncer o el sida, o a desarrollar mejor las energías renovables, en lugar de investigar en armamento o en la carrera espacial.
- Se ejerciera una democracia "participativa" por cuanto los ciudadanos influyen en las decisiones a adoptar. Los legisladores y funcionarios encargados de este tema sólo se encargarían de los controles y ajustes pertinentes.
Es fácil vislumbrar varios argumentos en contra de este mecanismo:
- Ciertos gastos no son populares pero son necesarios para el Estado (por ejemplo, mantener un gran ejército). A este respecto, sería responsabilidad del gobierno convencer a la población para que sufragara lo que creyera necesario.
- Ciertos gastos básicos como los relacionados con la salud o la educación podrían verse relegados. Para solucionar este punto el gobierno podría marcar ciertos mínimos que aseguraran un buen funcionamiento en ámbitos tan básicos. También habría que introducir mecanismos para que el ciudadano sea consciente de unas prioridades globales que quizá no le afecten directamente.
En definitiva, se trata de considerar a los ciudadanos como dotados de capacidad para opinar con acierto, y no como ignorantes que no saben lo que es mejor para su país y sus vidas.
