¿Debe el Estado debe proveer los servicios públicos por sí mismo o a través de empresas privadas?

¿Valdría la pena realizar algo así como un listado de los servicios mínimos que deberían ser gestionados y garantizados por un Estado?

¿Piensas ir dándole forma de valor a esto?

El dilema de Riopedre

Los políticos representantes de la “Izquierda”, más o menos “Unida”, han declarado su oposición a la Constitución Europea. Han iniciado su campaña pidiendo el NO en el próximo refrendo o referéndum. Bien. Son consecuentes con sus planteamientos en las campañas electorales, ya que, en algunos aspectos, tienen el reloj parado en el año 1917 en cuestiones como la sovietización del sistema de enseñanza, con sus zonificaciones y la obligatoriedad de escolarizar a los niños en el centro que decidan las autoridades políticas locales o regionales.

Su postura es respetable por lo congruente, ya que el Artículo II-74 de la propuesta Constitución establece claramente:

“1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y . permanente.

Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.
Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

La concejala del ramo, en el Ayuntamiento de Gijón, no tendrá problemas en votar NO a una Constitución que coincide con la vigente Constitución española y con la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, pues su grupo sigue sin enterarse o sin acatar estas disposiciones.

El dilema, sin embargo, se le plantea al Sr. Consejero de Enseñanza de nuestro Principado, D. José Luis Iglesias Riopedre, miembro del Partido Socialista Obrero Español, ya que su partido es quien hace campaña del SI a la Constitución para Europa.

Una Carta Magna que se ha de aplicar en muchas naciones y que defiende unas libertades y unos derechos que se venían negando a millones de ciudadanos de Europa.

Un Derecho de los padres a llevar a sus hijos al Colegio de los Jesuitas, al Corazón de María o a la Asunción, son zonificaciones.

Un dilema difícil de resolver.

CARLOS ROCES

No, no me parece una buena solución. En primer lugar las condiciones laborales de los empleados, tal como señalas, pasarán a ser condicionantes del beneficio y eso se traducirá en menor estabilidad laboral, menores sueldos, menores medidas de seguridad, etc. Por otra parte, como la rentabilidad de la empresa estará en primer plano (es que no serán ONGs las que gestionen) bajará la calidad de los servicios. Donde vivo la atención sanitaria ha pasado de estar gestionada por el Estado a ser gestionada por una empresa privada, el resultado es desastroso, independientemente de lo que tengas sales del médico con paracetamol o iboprufeno y un protector para el estómago. Pasas un mes con este tratamiento antes de que se decidan a hacerte análisis, radiografías, estudios, otro mes como mínimo para que te los hagan y unos quince días más para que te vea un especialista... lo que tenías y se podía haber tratado de forma eficiente y haberse encaminado a su curación o su alivio, ya se ha complicado con otros problemas, pero sólo se sigue tratando el problema inicial, para los secundarios has de volver a tu médico de cabecera e inicar el proceso nuevamente. Y eso no es nada: ver a tu médico te puede llevar quince o veinte días, porque muchas veces llamas y te dicen que tiene "cerrada la agenda hasta nuevo aviso". Si aceptas ir a un médico suplente te dice, con toda la cara del mundo, que no puede hacer nada, que veas a tu médico.

Si traslado este tipo de gestión a los trenes (en los cuales me muevo porque son defensora del transporte público y voy muy cómoda y segura) el resultado será patético y ¡hasta yo terminaré optando por el coche!

El estado ha de brindar todos y cada uno de los servicios básicos para el bienestar del ciudadano, no ha de hacerlo con finalidad de lucro, pero sí de forma eficiente. Gestión pública y eficiencia no están reñidas, al menos si no se usan los entes públicos para pagar favores políticos o para proporcionar ingresos invisibles a los partidos políticos.

Saludos,

Regina