Ante conflictos públicos sin solución, consulta ciudadana

Cuando un gobierno no es capaz de resolver un conflicto de orden publico lo mejor que puede hacer es organizar una consulta ciudadana. Los gobernadores son administradores, no guías, por lo que avanzando hacia donde le guía la ciudadanía afrontará el conflicto con respaldo.

Toda constitución democrática prevee métodos de consulta ciudadana pero pocos gobiernos hacen un uso extensivo de consultas y referéndums y pocos partidos mayoritarios trabajan por una ampliación del marco legal que ampare este derecho a la participación ciudadana.

Detrás de este inmovilismo y esta lectura restrictiva de las posibilidades de la democracia se encuentra un interés de gobernadores y partidos a mantener sus cotas de poder, junto con una desconfianza de que el ciudadano corriente sepa cómo resolver un problema de orden público. Aunque esto les acarree muchos más quebraderos de cabeza y muchas más críticas y esfuerzos de los que conllevaría convocar una consulta para cada conflicto que no sepan afrontar.

Toda consulta debe llevar implícita un proceso de debate público en un marco de respeto, comprensión y diálogo. En muchos casos las soluciones a los conflictos radican más en este propio proceso de debate que en la parte final de la consulta, la votación, que en algunos casos puede incluso llegar a ser innecesaria. Es decir, que en una consulta un debate no tiene necesariamente que ser seguido por una votación, pero a toda votación le debe preceder un proceso de debate.

La necesidad o no de votar vendrá definida por las dimensiones de la consulta (una consulta nacional es más propensa a una votación que una consulta de barrio) y por las exigencias de llegar a una votación que se produzcan o no en el propio proceso de debate.

Hay dos tipos de conflictos, aquellos en los que se cuestiona el gobierno y aquellos en los que se cuestiona una decisión (del gobierno o de otros actores).

Las consultas realizadas con motivo de una crisis de gobierno deben ser siempre vinculantes, y si el actual gobierno no recibe el suficiente apoyo debe dimitir.

Hacer una lectura interesadamente estricta de la Constitución o de las leyes a riesgo de llevar un país, una región o un municipio a un enfrentamiento civil es un error. Eludir consultas a la ciudadanía aludiendo cuestiones protocolarias o costes económicos es un error. Pero el error más grande es el de intentar aferrarse al poder y avanzar en solitario no convocando consultas o elecciones cuando éstas son solicitadas.

El buen gobierno es aquel que sabe gobernar cuando la ciudadanía quiere que gobierne y de la forma que la ciudadanía decida. Y el buen gobierno es también el que somete su cargo y su gestión a la ciudadanía siempre que ésta lo exija.

Si las urnas fueron buenas para decidir la elección del actual gobierno y la instauración del actual marco legal, también serán buenas para decidir las estrategias de resolución de un conflicto.

Sea cual sea el futuro que deparen unas elecciones o un referendum en una situación conflictiva, será más sólido y positivo que el que depare la acción de un gobierno sin consultar a la población.

Por lo que respecta a las consultas realizadas sobre decisiones a tomar o acciones concretas a realizar también serán vinculantes por defecto, aunque hay que tener en cuenta dos situaciones que las harían inaplicables:

- Ninguna resolución tomada a un nivel (local, regional, estatal...) puede infrigir leyes o acuerdos establecidos a un nivel superior.

- Ninguna resolución tomada puede ser incompatible con otras resoluciones adoptadas a otros niveles (municipios vecinos, etc).

A menos que se adopte esta postura expresamente, no como una resolución al conflicto en sí sino como un gesto de desobediencia pública para elevar el debate a niveles superiores con la esperanza de encontrar allí las soluciones.

Hay dos elementos más a tener en cuenta a la hora de dar poder vinculante a las consultas ciudadanas, sobretodo en ámbitos reducidos: municipales, de barrio... donde los temas tocan de cerca y las pasiones se desatan rápido.

- Una cultura política de participación y comprensión de los problemas sociales y sus vías de resolución, que se debe comenzar a cultivar en la escuela y que actualmente es muy deficiente precisamente en las sociedades con regímenes oficialmente democráticos.

- Una participación contínua en la gestión del gobierno por parte de la ciudadanía. Garantías de que la ciudadanía que participa en una toma de decisión va a estar igualmente presente al día siguiente de actuar según lo acordado. Porque es fácil criticar y emitir discursos y votos radicales en una asamblea de vecinos, por ejemplo, pero otra cosa es ser consecuente con lo acordado y mantener el apoyo activo a los gobernantes a la hora de ejecutar el mandato.