No es rico quien posee mucho, sino quien necesita poco. El bienestar no radica en tener sino en ser.

La prohibición de discursos es incompatible con un régimen social democrático o libre, no resuelve ningún problema y además alimenta la persistencia, radicalización, victimismo y mitificación del discurso prohibido.

La creación de un sistema de valores nuevo es hoy día una cuestión de supervivencia. Dicho sistema debe constar de unos valores mínimos universales y asegurar a partir de ahí la libertad individual. Se debe usar el diálogo crítico y el método científico para encontrar valores universales y al mismo tiempo asumibles por las diferentes creencias, religiones y tradiciones.

Generalmente los gobiernos encubren bajo la bandera de la lucha antiterrorista la legitimación de la violencia de Estado y las violaciones de derechos humanos y libertades civiles. Pero la solución al terrorismo no puede consistir en sembrar más terror.

La libertad de circulacion es un derecho basico de las personas. Los flujos migratorios internacionales son consecuencia logica de los flujos internacionales del capital, el comercio y las actividades productivas por lo que poner barreras a las personas cuando se las estamos quitando a los bienes y servicios es un contrasentido y una inmoralidad.

Todo sistema económico debe colocar al frente de sus prioridades la lucha contra la miseria. Nadie debe pasar hambre, nadie debe dormir a la intemperie, nadie debe pasar frío, nadie debe sufrir una enfermedad sin recibir atención.

Las personas con enfermedades o incapacidades graves e irreversibles tienen derecho a morir en paz si así lo desean.

Este valor favorable al derecho a la eutanasia se refiere a los siguientes casos:

Fabricar un producto o desarrollar un servicio conlleva en muchas ocasiones un daño al medio ambiente. Los costes de revertir o impedir el daño ecológico deben ser asumidos por las empresas que los ocasionan.

La Corte Penal Internacional de La Haya, dedicada a establecer responsabilidades por crímenes contra la humanidad, debe ampliar sus competencias para investigar las catástrofes ecológicas y enjuiciar a las personas y organizaciones que hayan cometido presuntos delitos de negligencia.

Aunque muchas instituciones públicas utilicen las subvenciones de forma clientelista y buscando su propio prestigio, los fondos que administran pertenecen a la ciudadanía y con las debidas precauciones pueden ser utilizados en provecho de la ciudadanía.